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Ese proyecto de Ley plantea, entre otras cuestiones, el desahucio (para el caso de que los inquilinos no cumplan con el plazo acordado para el desalojo voluntario tras una sentencia judicial) en un plazo «no superior a 15 días y sin ulteriores trámites»,

Ese desalojo voluntario podrá ir desde un mínimo de 15 días hasta un máximo de un año.

Además, el proyecto de Ley establece que será el juicio verbal el proceso en el que se sustanciarán todas las acciones, tanto de desahucio como de reclamación de rentas.

Se pretende así dotar de mayor rapidez y sencillez al proceso de desahucio.

El proyecto de Ley también modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos también extiende la consideración de «familiares directos» a los ex cónyuges, cuestión esta importante a tener en cuenta en los supuestos que el arrendador argumenta necesitar la vivienda para «familiares directos».