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Quijotesco, porque con ello no hace sino apartarse de las prácticas de los países con los que aspira competir y entre los que pretende figurar (G-8).

Esa negativa obstinada a rebajar los 45 días por año trabajado en el despido improcedente con el límite de 42 mensualidades (3,5 años), se basa en un fundamentalismo ibérico muy característico que antepone los intereses de los trabajadores en activo a los de los desempleados, una práctica común del sindicato español que penaliza al empleo fijo elevando la tasa de temporalidad a niveles muy superiores a los de los países de nuestro entorno (30 por 100 frente a la media del 17 por 100 en UE-25 en 2007).

Si España es un país donde la iniciativa privada no nace con igual facilidad que en otros países avanzados, es tiempo ya de advertir que la contratación laboral, lejos de contraerse, fluye con más dinamismo cuando las indemnizaciones son bajas que cuando son elevadas, más aún pensando que lo que en general interesa a la empresa es la contratación fija de empleados o por periodos de larga duración.

Por otro lado, en momentos de crisis empresarial como el que vivimos en la actualidad, los expedientes de regulación de empleo no son aceptados, sino abonando las indemnizaciones de los 45 días, factor que agudiza críticamente la viabilidad de la empresa.

La indiciación de los salarios o aumento en función de la inflación esperada con una revisión a final de año si el IPC rebasa la tasa, es otro aspecto ya obsoleto de nuestra regulación laboral, que en situación de recesión incide negativamente en la capacidad de competir, como lo demuestra este ejercicio, donde conviven pérdidas con aumento de salarios.

El fundamentalismo no es bueno para un país. La obstinación por el fundamentalismo, menos aún. Es la hora de remover obstáculos para favorecer el crecimiento económico de España y ello requiere huir de planteamientos extremos, que nos alejan del mundo que nos circunda.