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Desde el punto de vista de las compañías inmobiliarias, constructoras y promotoras, la medida no puede ser acogida con alborozo porque no viene de la mano de otras en paralelo, suscitándose con ello la lógica preocupación de que en circunstancias como la actual el legislador pueda sacar a la luz normas procíclicas en lugar de anticíclicas.
 

Desde la vertiente del inversor, persona física, cabe recordar que el incentivo fiscal fue establecido en convivencia con elevados tipos de interés, encontrándose por ello en la actualidad desde esta vertiente en fase de agotamiento.

Por último, desde la mera perspectiva recaudatoria, el Estado aspira ahora a rescatar recursos con los que nutrir sus presupuestos generales.
 

Ahora bien, si la medida sólo aspira a esto último, se perdería la ocasión de incentivar visiblemente de una vez por todas el acceso y despegue de la vivienda en alquiler, que sí está necesitado de normas incentivadoras tanto del lado del IRPF y del Impuesto de Sociedades, como del IVA.
 

Hasta la fecha, las medidas de impulso al sector del alquiler se han demostrado insuficientes y esta es una buena ocasión, más que para aumentar la recaudación, para sustituir la deducción de la adquisición de vivienda por una generalizada deducción de alquiler, si bien para ello debiera suprimirse la deducción por vivienda en su integridad, además de reformar el régimen especial en el IS eliminando trabas y condiciones inasumibles por la generalidad de los promotores y reconociendo la exención en IVA de los contratos de alquiler con opción de compra.
 

Esta es una buena oportunidad para acometer simultáneamente ambas reformas, huyendo de planteamientos meramente recaudatorios y partidistas.